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Lunes 24 Septiembre 2018
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Contraloría audito obras de mejora que viene realizando al Hospital Antonio Lorena del Cusco

 

La Contraloría General identificó un perjuicio económico por más de 4 millones 643 mil soles como resultado de la auditoría de cumplimiento a la contratación y la ejecución de las obras de mejoramiento del Hospital Antonio Lorena, Nivel III-1, del Cusco (periodo enero 2011 – diciembre 2016).

 La auditoría formuló dos observaciones a la gestión del Gobierno Regional Cusco vigente durante el periodo antes señalado, entidad ejecutora de la obra, e identificó a 21 funcionarios regionales con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.

Entre las observaciones formuladas, la auditoría identificó que funcionarios del Gobierno Regional Cusco del periodo enero 2011 a diciembre 2016, cancelaron el proceso de selección del Concurso Público para la elaboración del expediente técnico de la obra (pese a que se encontraba en marcha desde hacía un año) aduciendo la causal de “desaparición de la necesidad de contratar el servicio”, lo cual no sustentaron adecuadamente.

Se advirtió, también, que la administración regional venía gestionando paralelamente al Concurso Público, la suscripción de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), para lo cual encargaron finalmente la realización del proceso de selección. Dicho encargo al organismo internacional tampoco fue sustentado en cuanto a la necesidad y viabilidad, lo que generó un gasto innecesario ascendente a los 312 mil 549 soles.

La Ley de Contrataciones del Estado señala tres causales para la cancelación de un proceso de selección: por fuerza mayor o caso fortuito; cuando desaparece la necesidad de contratar; o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia, causales que no se configuraron en el presente caso.

Además del perjuicio económico, la auditoría identificó que mediante un acuerdo suscrito con la UNOPS, aprobado por el Consejo Regional de aquel entonces, se suprimió la potestad de la entidad regional para hacer observaciones u objeciones ante la posible existencia de indicios de faltas graves durante el proceso de evaluación de las propuestas que realizaría el organismo internacional, lo que significa una falta de cautela de los intereses del Estado.

Asimismo, la auditoría identificó deficiencias en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra que generaron un perjuicio económico por más de 4 millones 300 mil soles.

De la revisión efectuada, se evidenció que durante la elaboración del expediente técnico, funcionarios autorizaron la modificación del denominado “Programa Médico Arquitectónico” incrementando mayores áreas de obra, sin la aprobación del titular de la entidad, incumpliendo lo establecido en el estudio de preinversión a nivel de factibilidad, además de estar sobrevaloradas, lo cual generó un pago en exceso por más de 1 millón 792 mil soles. En ese sentido, demolieron el pabellón del servicio de hemodiálisis y del servicio materno infantil, a pesar que se trataba de infraestructura nueva, con equipamiento especializado y que solo necesitaba ser optimizada.

Durante la ejecución de la obra, se otorgó conformidad a trabajos que incumplieron con especificaciones del expediente técnico, generando un perjuicio por más de 2 millones 503 mil soles. Tal es el caso de techos metálicos de edificaciones que no cumplieron con las dimensiones establecidas y de la edificación denominada “bunker”, que no se completó dejando un área de 20 metros cuadrados sin construir.

También se identificó que en la compra de ascensores para montacargas y montacamillas, no se consideraron los planos y especificaciones del expediente técnico, al advertirse que no poseen las dimensiones interiores de las cabinas y la capacidad de carga establecida en dicho documento. En ese sentido, no sirven para los fines del hospital y representa un perjuicio económico por un monto superior a los 755 mil 920 soles.

Por último, se identificó que 264 puertas “cortafuegos” instaladas en diversos ambientes, no cuentan con las planchas resistentes al fuego de 1.5 cm  de espesor, ni con la lana de vidrio interior ni la pintura ignifuga, materiales que brindan protección en caso de siniestro, señalados en el expediente técnico, considerando lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El informe integral sobre el Hospital Antonio Lorena, correspondiente al periodo enero 2011-diciembre 2016, fue notificado al Gobierno Regional Cusco el 13 de julio último y se encuentra disponible en nuestro portal web desde el miércoles 25 del presente mes. La ciudadanía, así como los medios de comunicación, tienen acceso al informe integral  o el resumen ejecutivo donde se evidencian los resultados de la mencionada acción de control.

Cabe señalar que el componente “infraestructura” del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena, Nivel III-1-Cusco” valorizadas en más de 208 millones de soles, está paralizado desde el año 2015 debido a que la actual gestión regional consideró que no había avances significativos. Esto generó una controversia con el consorcio ejecutor que se ventila en un arbitraje. La obra debió concluirse en octubre del 2014 y se encuentra con un avance físico del 65%.

Pese al arbitraje en marcha, lo identificado en la auditoría fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para las acciones legales contra los funcionarios y servidores que resulten responsables.

Cabe señalar que el 25 de abril de este año, la Contraloría General también notificó a la autoridad regional sobre dos situaciones adversas identificadas con un control concurrente a la precalificación de la licitación pública para la contratación de la ejecución del saldo de obra y equipamiento integral hospitalario, y aspectos relacionados, con el fin que ejecute las acciones necesarias para mitigar el cumplimiento de las metas previstas.

En dicho informe se identificó que el proceso de selección se sustenta en un expediente técnico que incluye trabajos que no corresponden a un saldo de obra y son materia de un proceso arbitral en trámite, que podría ocasionar alteraciones a los alcances, tiempos y costos de la ejecución.

Asimismo, que el concurso público para la contratación de la supervisión no fue iniciado, pese a que en el mes de noviembre de 2017 se convocó el proceso de selección para la ejecución del saldo de obra, lo que generaría un retraso en el inicio de los trabajos por causas atribuibles a la entidad regional, mayores costos al proyecto y un perjuicio social a la población beneficiaria.

La Contraloría viene acompañando con acciones de control concurrente el desarrollo de obras públicas para advertir situaciones adversas que pongan en riesgo la finalidad pública de las obras y los servicios de salud, a fin que sean desarrollados correctamente.




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