Discurso por el 92 aniversario de la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es una institución constitucionalmente autónoma, y orgullosamente integrada por mujeres y hombres con el firme compromiso de ser los ojos y oídos de los ciudadanos en la necesaria tarea de verificar que los presupuestos y bienes públicos sean utilizados en su beneficio, de manera eficiente, transparente, y dentro de lo señalado por la ley.
Fue creada en 1929 y por ley el 28 de febrero de 1930, con la ley 6784, y posteriormente elevada al rango constitucional que hoy enmarca sus atribuciones. Pero a lo largo de la historia pueden rastrearse diversos mecanismos empleados para controlar el manejo de los recursos a cargo de las distintas administraciones, como el empleo de quipus en el periodo incaico o los libros de los tribunales de cuentas durante el virreinato. El inca, según cuenta el cronista conocido como el ‘Jesuita Anónimo’, enviaba emisarios “en secreto” para verificar si los visitadores encargados de fiscalizar el pago de los tributos “recibían cohecho o robaban al pueblo”. El castigo -agrega- podría inhabilitarlos para la función de por vida y “enviarlos (a trabajar) a las minas o al servicio en los templos”. Vemos que la corrupción apareció temprano en nuestra historia como la necesidad de combatirla, reto que aún permanece vigente.
Son noventa y dos años en los que la Contraloría se ha reinventado y evolucionado en una institución independiente, proactiva y eficiente, que tiene presencia en las 25 regiones del país y sus 196 provincias.
La Contraloría es una institución que se anticipa y previene la corrupción y la inconducta funcional y junto a la ciudadanía comparte la responsabilidad del control a través de sus programas de voluntariado reconocidos en el Perú y a nivel internacional, y aplica intensivamente la tecnología para realizar auditorías en línea. Especialmente este año con la recientemente creada unidad de análisis para el control, que tendrá la responsabilidad de procesar con ayuda de la inteligencia artificial la información de las distintas bases de datos con que cuenta e interopera la Contraloría, continuaremos la mejora de nuestras capacidades para la detección de casos y redes de corrupción.
Las auditorías de los años recientes revelan casos de profunda ineficacia y corrupción de malos funcionarios públicos actuando para el provecho propio, incluso desde los más altos cargos de la nación, limitando el derecho de los ciudadanos a contar con servicios públicos de calidad, y extendiendo el pesimismo sobre el ejercicio de la función pública.
No hay un solo día en que no se mencione un caso de corrupción en las distintas entidades del aparato estatal y eso genera una indignación comprensible entre los peruanos. Una indignación que compartimos plenamente: una sociedad no puede dejar de escandalizarse frente a la corrupción y debe ser siempre intolerante frente a sus distintas manifestaciones y a sus efectos perniciosos. Normalizar la corrupción y sus consecuencias es el principio del fracaso de cualquier sociedad.
Menos aun cuando no solo se trata de casos aislados de corrupción sino de redes criminales que penetran el vértice mismo del poder político, como es de conocimiento público. Si no detenemos ese avance, en poco tiempo pondremos en riesgo la viabilidad de nuestro Estado.
La corrupción debe movilizarnos hacia una respuesta que no sea solo un discurso y si no que se vea reflejada en decisiones y acciones concretas. Para empezar, debemos ser transparentes en cada uno de nuestros actos y nuestras motivaciones. Publicar la información de los actos de gestión -lo que hacemos con los asuntos públicos y con quienes lo hacemos, dentro o fuera de nuestras oficinas. Ello permitirá que los ciudadanos y los medios de comunicación conozcan el uso que damos al presupuesto y el tiempo que le dedicamos a nuestras funciones. Y responder frente a las denuncias con la verdad, antes con que cualquier otro argumento legalista o denuncia conspirativa, deslindando, esclareciendo, y mostrando a través de nuestros actos subsiguientes la idoneidad para el ejercicio del cargo a la que estamos obligados. Cuando se pierde la confianza y la legitimidad, sólo un cambio visible con señales claras puede evitar la incertidumbre, el desorden y la ineficacia de la acción que se genera y que puede terminar destruyendo la organización.
No voy a detallar los casos emblemáticos señalados por la Contraloría, porque con el estándar de transparencia de esta gestión, todos los informes de control se publican y ustedes los conocen, pero sí quiero compartir dos hechos registrados en recientes viajes de supervisión. Hace unos días estuvimos en Pampa Grande, en Tumbes, donde se hacían obras de rehabilitación de pistas y veredas. El contratista incumplió el contrato, el ministerio de vivienda lo resolvió y la obra lleva paralizada hace meses con un avance de solo el 23%, dejando zanjas y el desagüe a la vista. No hay pistas ni veredas, sino aniegos, olores nauseabundos y focos infecciosos. Eso se llama ineptitud, indolencia y seguramente corrupción. La respuesta a los vecinos de Pampa Grande no puede ser: esperen a que se resuelva una controversia legal.
Otro ejemplo, es lo que vimos en Loreto, en Daten del Marañón. La construcción del hospital de San Lorenzo está paralizada desde hace meses porque comenzaron a construir sin antes sanear física y legalmente el terreno. Una parte del terreno le pertenece a una ONG y la otra, al alcalde. Y la verdad es que, si así van a trabajar, mejor que no hagan nada y den un paso al costado.
Hoy en día ya existen mecanismos que contribuirán a evitar situaciones como ésta que se presentan a menudo en la gestión de las inversiones a lo largo y ancho del país. La ley 31358 que permite la expansión del control concurrente a nivel nacional, especialmente a las regiones, ya muestra beneficios para reducir la corrupción en las obras y permite que concluyan de manera adecuada. Por ello resulta importante que los gestores reaccionen oportunamente frente a las situaciones adversas que revela la Contraloría y brinden las condiciones presupuestales que establece la ley para garantizar sus resultados.
De otro lado, la Ley 31288 que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa permite la aplicación de la capacidad sancionadora de la Contraloría.
Es una responsabilidad para la que estamos adecuando nuestros procesos y capacidades logísticas a fin de que el Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS, sea electrónico y contribuya a la lucha contra la impunidad. Nuestros informes en 2021 identificaron responsabilidades, en más de 4700 funcionarios; algunos de estos casos serán materia del nuevo PAS que tendrá entre sus características la plena digitalización de sus procedimientos, con independencia de sus decisiones, con plenas garantías para los involucrados. No podemos aceptar que la corrupción cunda amparada en la seguridad de que no habrá sanción drástica para los responsables. Basta preguntarnos, por ejemplo, ¿Qué ha pasado con las sanciones por el famoso “vacunagate”? O en el caso del puente Tarata identificado por la Contraloría con el consecuente señalamiento de responsabilidades por un favorecimiento indebido. O en el caso de la compra de biodiesel, o las designaciones de funcionarios públicos que no cumplen con el perfil. No es aceptable que personas con denuncias de alto calibre, sin la calificación ni experiencia necesarias, ocupen cargos de responsabilidad, porque afectan a la administración, deterioran aún más la confianza del pueblo y alejan a los verdaderamente capaces y honestos servidores públicos. Todo ello despierta legítimas sospechas sobre las motivaciones de tales designaciones y debe encender las alarmas frente a los evidentes actos de corrupción que estamos viendo y denunciando desde la Contraloría.
Basta ya de tanta impunidad. No se trabaja para el beneficio del pueblo gestionando de esa manera.
Pero la reforma del control no basta, el fortalecimiento del sistema nacional de justicia y de sus componentes es otra tarea postergada al alcance del estado peruano. Se necesitan normas, presupuesto, pero sobre todo decisión de emprender esa reforma para la lucha contra la corrupción, y no distraer la atención en propuestas como recurrir a organismos internacionales sino más bien fortalecer a las instituciones nacionales y respaldar las reformas necesarias ya identificadas, aquí y ahora.
El Velocímetro de Control, el portal web donde se puede verificar el avance de las metas institucionales de la Contraloría y los resultados del control, registra, por ejemplo, que el año pasado emitimos casi 36 mil informes de control, esto es, más del doble del volumen de producción de servicios de 2017.
Este 2022 nuestra mirada e intervención se afirmará en mayor medida en el despliegue del control posterior en sus distintas modalidades, principalmente a los negocios misionales de las entidades y no solo en los procesos de contratación de bienes y servicios.
Completaremos los Megaoperativos de Control en todas las 25 regiones del país; así como focalizaremos nuestra intervención en operativos especializados como el Buen Inicio del Año Escolar 2022, cuyos resultados daremos a conocer en pocos días. Las veedurías de la Contraloría realizadas al programa Aprendo en Casa muestran resultados muy preocupantes. Dos años después del cierre de escuelas, el país no puede seguir fallando a nuestros niños y niñas en los colegios públicos. Tiempo de sobra hemos tenido para preparar las condiciones mínimas que garanticen su salud y aprendizaje. Miraremos también la gestión en las universidades públicas y en las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y las de Generación Eléctrica. Asimismo, el gasto en consultorías y publicidad estatal; también, la situación de las comisarías, los programas de distribución de alimentos y el primer nivel de atención en salud.
En el plano institucional, resulta fundamental brindar a los auditores una ley de carrera del auditor gubernamental que refuerce la independencia que caracteriza su trabajo y garantice las condiciones objetivas de una carrera que atraiga a los jóvenes más preparados, mantenga solo a los mejores y sea el espacio de capacitación continua y desarrollo profesional para tan alta responsabilidad.
Siempre respaldaremos la actuación de los auditores frente a amenazas e intentos de amedrentamiento de quienes no entienden el valor del control gubernamental, como en el reciente caso de Petroperú, que hemos informado. En ese caso, como en otros, el control seguirá adelante, con mayor intensidad inclusive.
Permítanme aquí rendir un homenaje a todos aquellos quienes conforman esta noble institución, desplegados en todo el país, y a todos quienes desde su fundación han contribuido al cumplimiento de su misión. Incluyo en este reconocimiento, de manera muy especial, a los compañeros que nos dejaron en la pandemia.
Enfrentar la corrupción y la negligencia demanda un manejo más eficiente y transparente de los recursos públicos, promueve el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, mejora la confianza en las instituciones públicas y mejora la calidad de vida de la gente. No lograremos el desarrollo como sociedad si aceptamos la corrupción, como la manera en que se tienen que hacer las cosas para lograr el progreso personal. No olvidemos que la corrupción mata -y lo hemos visto en la pandemia-, y quita a los peruanos la posibilidad de vivir en un país mejor, en el país que queremos para nuestros hijos.
Feliz aniversario, querida familia contralora!