El caso del suboficial FAP (F) Alfonso Vargas Garayar: sentenciado a pena de muerte por traición a la Patria (1978)
La historia que se presenta a continuación resumidamente ha sido recogida del libro “SIN… lugar para antidemócratas” del comandante FAP (r) Juan Carlos Rosales Valencia, con su aprobación, y menciona además una acotación de la versión de los hechos brindada por José de la Puente Radbill, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez.
Julio Alfonso Vargas Garayar ingresó a la Fuerza Aérea del Perú, en calidad de alumno del Centro de Especialización, el 6 de marzo de 1973 y egresó como suboficial de tercera en la especialidad de Mantenimiento de Instrumentos de Aviones en el año 1975. El 24 de abril de 1978 fue dado de baja de la Fuerza Aérea del Perú por insuficiencia profesional, pues fue desaprobado dos años consecutivos en los exámenes de aptitud profesional y, por lo tanto, no calificó con los requisitos exigidos para su ascenso al grado inmediato superior.
Al salir de la FAP, en una actitud descabellada, un día se dirigió a la Embajada de Chile en Lima, ubicada en la avenida Javier Prado, en busca de un puesto de trabajo. Por lo que se sabe, cuando se identificó como miembro de la Fuerza Aérea, a los chilenos les causó sorpresa y no le dieron empleo inmediatamente.
Lo más probable es que los chilenos encargados de las tareas de inteligencia y contrainteligencia le iniciaron una investigación.
Superada esta etapa, que contempló la verificación de información, control y seguimiento y con la certeza de que no se trataba de un agente infiltrado de la FAP, le dieron trabajo. Primero lo utilizaron en servicios menores en áreas no restringidas.
Según lo mencionó el suboficial Vargas Garayar en la investigación policial, logró entrevistarse con el agregado aéreo de dicho país, el coronel de la Fuerza Aérea de Chile Vicente Rodríguez Bustos, que le ofreció ayudarle a conseguir trabajo en la embajada de Chile. Le indicó que debería esperar un lapso de dos meses aproximadamente, pero mientras tanto, podía laborar en la sede diplomática archivando periódicos y otras tareas de limpieza.
Entre el 5 y 6 de agosto de 1978, Ricardo Rivera Leyton o José Aquevenque Pérez (este agente usaba ambos nombres), funcionario administrativo de dicha embajada, le propone que consiga información referente a la Fuerza Aérea del Perú y que por ello recibiría una importante suma de soles.
Los chilenos estaban convencidos que Alfonso Vargas Garayar era de poco carácter y con un débil patriotismo. Para Vargas Garayar, nada significaban Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres o Abelardo Quiñones. No debe haberlo impresionado la historia de la guerra con Chile que, entre otros capítulos de honor y gloria, narra cómo los jóvenes hijos varones de Bolognesi también murieron como su padre por una causa que nunca consideraron perdida.
Cuando se dieron cuenta que Vargas Garayar no tenía escrúpulos para traicionar a su patria, lo contrataron como espía con el compromiso de informar cuanto pudiera saber y averiguar de las bases aéreas de la FAP, incluyendo por supuesto el número de aviones y equipos de defensa aérea, así como problemas que pudieran existir en el área de personal y de material.
Según refiere el historiador peruano Emilio Luna Vargas en su obra Perú y Chile en cinco siglos, Vargas Garayar comenzó a proporcionar la información que le pidieron cuatro miembros de la embajada chilena: el agregado aéreo, general de brigada Vicente Rodríguez del Busto, el consejero administrativo Julio Chiminelli, el oficial de inteligencia Ricardo Aqueveque y el agregado aéreo adjunto mayor FACH Pedro Benjamín Carvajal Montenegro, sirviendo este último de enlace con el peruano traidor. Vargas Garayar recibió una cámara fotográfica Kodak modelo 125 y su pago, que en el transcurso de toda su época de espía para los chilenos sumó 45 mil soles distribuidos de la siguiente manera: 6 mil, 10 mil, 2 mil, 7 mil y 20 mil soles.
Ya reclutado Vargas Garayar, proporcionó a Rivera Leyton o Aquevenque Pérez información militar de carácter clasificado, tales como las dimensiones de la Base Aérea de La Joya, número de aviones, posición de la pista de aterrizaje, posición y acceso a los subterráneos, posición de los tanques de combustible y funcionamiento de antenas HDF y ADF.
El 8 de agosto de 1978, el suboficial recibió de Rivera Leyton o José Aquevenque Pérez una suma de dinero con el objeto de que viaje a la ciudad de Arequipa a confirmar los datos proporcionados inicialmente, efectuando dicho viaje el 14 de agosto. A su retorno, Vargas se entrevistó en la embajada de Chile con Rivera Leyton o Aquevenque Pérez, a quien le rindió un informe conteniendo información de carácter clasificado. Entre otras cosas, le presentó un croquis de la Base de La Joya. Asimismo, le confirmó que en la Base Aérea de Vítor se realizaba el entrenamiento de los comandos de la FAP, la posición de sus antenas de comunicación, las características del lugar donde se encontraban dichas antenas, los números de servicios de seguridad existentes en la base, los puestos de vigilancia, así como otras informaciones.
El suboficial durante la primera semana del mes de setiembre vuelve a la embajada de Chile, donde le proporcionaron dinero para sus gastos con la finalidad que se realice un segundo viaje a la ciudad de Arequipa. Esta vez con el objetivo de conseguir información de la defensa aérea peruana.
Vargas Garayar realizó el segundo viaje a la Base de La Joya y después de permanecer por espacio de dos horas aproximadamente dentro de las instalaciones, se dirigió a la ciudad de Arequipa y se alojó en el Gran Hotel sin salir a la calle hasta el día siguiente. Entonces es interceptado por unos desconocidos que se encontraban dentro de un automóvil, al parecer miembros de la red de espionaje chileno, a quienes alcanzó la información solicitada referente a la dimensión de la muralla de La Joya, ubicación y dimensiones de la pista de aterrizaje, números de aviones, lugares de abastecimiento de combustible y otras informaciones conexas.
Pero además, al regresar a la embajada de Chile, Vargas Garayar proporcionó información consistente en nombres y números de serie aeronáutico del primer y segundo comando de la Base Aérea de La Joya, del comando de mantenimiento, del personal que ahí laboraba, ubicación y características de los depósitos de combustibles, sistemas de tiro de los aviones, funcionamiento de las centrales de comunicación y croquis nuevo de la Base Aérea de La Joya, incluyendo las instalaciones de la defensa aérea.
Allí recibió nuevas instrucciones de Rivera Leyton o Aquevenque Pérez para esta vez viajar a Pisco y obtener información de la base existente en dicha provincia. En esa ocasión, fue dotado con una cámara fotográfica con rollo a colores y recibió instrucciones para su manejo. El suboficial, para cumplir esta misión, ingresó a la base aérea acompañado de su pequeña hija y llevando consigo la cámara fotográfica dentro de una bolsa plástica, pero por nerviosismo ese día no pudo tomar las vistas fotográficas encomendadas.
Al día siguiente, regresó nuevamente. Esta vez acompañado de su esposa e hijos con el pretexto de efectuar algunas compras en el bazar de dicha base. Esta vez logró tomar fotografías de la plaza de armas de la base, garita, casa del comando, oficinas en construcción, etc. Para esto, Vargas Garayar utilizó dos rollos fotográficos. Uno de ellos a colores y el otro en blanco y negro. El rollo fue entregado a Rivera Leyton.
Posteriormente, el suboficial fue comisionado por sus enlaces chilenos para que ingrese en la Base Aérea Las Palmas, en donde obtuvo información de carácter clasificado referente a los aviones Lear Jet, la misma que transmite a la embajada de Chile utilizando una clave numérica y el apelativo de “Silva”.
El suboficial después de transmitir información de la Base Aérea de Las Palmas, recibió otra suma de dinero que debería utilizar para abandonar el país con destino a Chile. Pero antes del viaje al extranjero, el suboficial se dirigió a la ciudad de Talara con expresas consignas de los agentes chilenos de pasar desapercibido por la ciudad y contactarse con un enlace en el centro cívico, a quien le informaría sobre la misión que efectuaría en esta oportunidad.
Al ingresar a la Base Aérea de Talara, Vargas Garayar fue detenido el 11 de octubre de 1978 por el personal de inteligencia al mando del teniente Juan Carlos Rosales Valencia, quien lo identificó plenamente. El personal de inteligencia de la base de Talara ya tenía conocimiento que Vargas Garayar había sido visto trabajando en la embajada de Chile.
Vargas Garayar había logrado astutamente ingresar uniformado al Grupo Aéreo N° 11 (recordemos que ya estaba de baja en la institución) con el pretexto de necesitar atención odontológica. Pero su verdadera finalidad era obtener información clasificada, tal como le habían solicitado los chilenos.
El espía desconocía que una nota informativa de un agente de inteligencia de la FAP había dado cuenta de su ingreso a la embajada chilena y que a partir de ese reporte, el Servicio de Inteligencia de la FAP lo tenía bajo una discreta observación y vigilancia y lo había reportado a todas sus unidades. Entonces, cuando Vargas Garayar llegó al Grupo Aéreo N° 11, personal de inteligencia lo identificó plenamente y procedió a detenerlo de inmediato, cuando aún se encontraba dentro de los ambientes de la sanidad de dicha base aérea. Al registrar sus pertenencias en la casa de la familia Periche, donde le habían alquilado una habitación, se encontraron otros uniformes y, además, una libreta de notas escritas con tinta roja, en donde figuraban una serie de personas que trabajaban en la embajada chilena, así como las tareas que le habían sido encomendadas.
Pese a las evidencias obtenidas al momento de su captura, Vargas Garayar se negó a declarar. Por lo delicado del asunto, la Dirección de Inteligencia resolvió trasladarlo, en forma reservada, ese mismo día por vía terrestre al Ala Aérea N° 1 con sede en Piura y desde ahí a la ciudad de Lima para las investigaciones pertinentes. El corto viaje de Talara a Piura se efectuó en el vehículo de propiedad del alférez FAP Andrés Vílchez Rá, donde fue recibido por el Mayor FAP José Martinelli Dellepiani, lugar desde donde horas más tarde sería trasladado vía aérea a la ciudad de Lima para las investigaciones pertinentes. La dependencia de Seguridad del Estado de la Policía de Investigaciones del Perú fue la encargada de realizar las investigaciones.
El 23 de noviembre se le decretó detención definitiva por la justicia militar, una medida que cumplió en la prisión militar del ejército. Para la aplicación de la pena capital, el tribunal tomó en cuenta las circunstancias que rodearon el hecho denunciado, tales como el haberse aprovechado de su condición de ex miembro de la institución y abusado de la confianza que le tenían sus ex compañeros para ingresar a las bases aéreas con los fines ilícitos de obtener información de toda clasificación y proporcionarla a miembros de la embajada de Chile.
La libreta de apuntes encontrada al momento de su detención en Talara, con anotaciones de los números telefónicos pertenecientes a la embajada de Chile y del personal con quien mantenía contacto y otros apuntes en clave. La declaración de la madre del acusado en la parte que señalaba que personas desconocidas y de aspecto extranjero se apersonaron a su domicilio a indagar por el mencionado suboficial. El peritaje respecto al croquis de la Base Aérea de La Joya entregado a la embajada de Chile en el que se refleja un 98% las instalaciones de la base aérea. El peritaje psiquiátrico realizado al suboficial y su ratificación que acredita no padecer de enfermedad psiquiátrica ni alteraciones de la conciencia y que actúo con perfecto conocimiento de causa. Todas fueron causales tomadas en cuenta por el tribunal.
Asimismo, las circunstancias de haber visitado las diferentes bases de la Fuerza Aérea con la exclusiva finalidad de buscar información para suministrarla a la embajada de Chile, constantes indagaciones que realizaba sobre los diferentes tipos de aviones y, además, datos considerados secretos, hechos que ante la imposibilidad de recibir la declaración por parte de los miembros de la embajada de Chile no pudieron contrastarse con el reconocimiento tácito que hizo el propio suboficial en su instructiva.
Todos los elementos probatorios citados quedaron corroborados fehacientemente en el acto de la audiencia. El tribunal llegó al convencimiento que el suboficial Vargas Garayar atentó contra el Estado peruano, la Nación y contra los intereses supremos de la Patria. Determinó por ello que los hechos probados constituían el delito de traición a la Patria, previsto y penado por el Código de Justicia Militar.
En lo que respecta a la reparación civil, se consideró que el daño era de tal magnitud que resultaba imposible poder determinarlo cuantitativamente, por lo que solo cabía imponerse una suma de carácter simbólico. Estos hechos, debido a su gravedad, no admitieron forma alguna que atenúe el delito cometido. Por tales fundamentos, el Consejo de Guerra Permanente de Aeronáutica, administrando justicia al nombre de la Nación, falló de la siguiente manera: “Condenar al suboficial de tercera de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro, Julio Alonso Vargas Garayar, como autor del delito de traición a la Patria, a la pena de muerte, debiendo pagar por concepto de reparación civil la suma de cien mil soles de oro a favor del Ministerio de Aeronáutica y se manda a que este fallo sea publicado y ejecutado conforme a ley”.
Su sentencia fue confirmada por el Consejo Supremo de Justicia Militar y no involucró a ninguna otra persona. Se le ejecutó en enero de 1979. Los diplomáticos chilenos, culpables al igual que Vargas Garayar, solo fueron expulsados del país.
En su libro Cuadernos de trabajo de un embajador: Aportes para la historia del servicio diplomático del Perú y las Relaciones Internacionales (1945-1997), el diplomático José de la Puente Radbill, que se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, dejó su versión de los hechos respecto a este caso en donde se exime de cualquier responsabilidad que tenga que ver con la condena a muerte de Vargas Garayar por el delito de traición a la patria.