Mas de S/ 400 mil de perjuicio económico en compra de ambulancias de Lima Sur
La Contraloría General detectó un perjuicio económico total de S/ 402 650 en la Unidad Ejecutora Lima Sur del Gobierno Regional de Lima por comprar ocho ambulancias a precios sobrevalorados, recibirlas con características diferentes y fuera del plazo previsto a lo establecido en las propuestas, así como por no cobrar penalidades debido a incumplimientos contractuales.
Según el Informe de Control Especifico N° 013-2020-2-5344-SCE, funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur en el periodo 2019 y parte del 2020. realizaron la compra de las ambulancias urbanas y rurales tipo I y II, a través de adjudicaciones simplificadas con diferentes proveedores por montos distintos, fraccionando un proceso que debía realizarse mediante una única Licitación Pública a fin de obtener propuestas más ventajosas, ya que los bienes tenían similares características. Esta acción generó un perjuicio económico de S/ 53 500.
En la adquisición de las ambulancias, destinadas a establecimientos de salud de las provincias de Cañete y Yauyos, también se evidenció una sobrevalorización de S/ 270 100, según la comparación de precios con otras entidades que adquirieron unidades con las mismas características, en el mismo tiempo y por montos menores.
Asimismo, no se aplicó penalidad por la entrega de una ambulancia rural tipo II fuera del plazo estipulado en el contrato, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 4 250. Además, no se solicitó la entrega oportuna de los documentos del vehículo (Tarjeta de Identificación Vehicular, SOAT y placas de rodaje) de las ocho ambulancias, lo que conllevó a no ejecutar las cartas fianzas dentro de los plazos establecidos.
Otra de las irregularidades detectadas fue la recepción y otorgamiento de conformidad de dos ambulancias urbanas tipo II con características diferentes a las contempladas en la presentación de ofertas (marca, modelo y año de fabricación), vulnerando lo estipulado en los contratos suscritos, situación que ocasionó un perjuicio económico de S/ 74 800.
Por los hechos descritos se halló presunta responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios públicos del periodo 2019 y parte del 2020.
El informe fue remitido a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Lima para que inicie las acciones legales contra los involucrados; así como al gobernador regional de Lima para el inicio de las acciones administrativas que correspondan.