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Miércoles 18 Septiembre 2019
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Contraloría identifica oportunidades para mejorar los servicios de seguridad ciudadana

 

La Contraloría General comunicó los resultados del operativo nacional de control “Seguridad Ciudadana 2019” (realizado del 10 al 14 de junio de este año en 624 comisarías y 463 municipalidades del país) que permite obtener y difundir información sobre situaciones que podrían estar afectando los objetivos del servicio de seguridad ciudadana que ofrecen la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos locales.

El operativo de control se realizó en el contexto actual que atraviesa el país por el incremento de hechos delictivos. Según el sondeo de Pulso Perú de junio de este año, el 85% de peruanos se sienten inseguros en las calles por efectos de la delincuencia.

Ante este panorama, la Contraloría General realizó el operativo para verificar la situación actual de lo relacionado al patrullaje, programas preventivos y atención de denuncias sobre violencia familiar y contra la mujer. La información obtenida permitirá analizar e impulsar políticas para mejorar este servicio público y reducir la percepción de inseguridad ciudadana.

Los resultados del operativo de control fueron notificados al Ministerio de Interior y al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como a la PNP y las municipalidades visitadas, con el propósito de que -en el marco de sus respectivas funciones- adopten las acciones correctivas y preventivas que correspondan para mejorar el mencionado servicio público.

Se identificaron 16 situaciones de riesgo y 17 datos relevantes que exponen la situación actual de la seguridad ciudadana en el país. Los principales riesgos identificados, con proyección nacional y departamental, son:

En comisarías:

El 55% de comisarías a nivel nacional no contarían con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019” que denotaría falta de acciones articuladas e integradas con las municipalidades. El Plan de Patrullaje Integrado prioriza la vigilancia en los sectores más peligrosos registrados en el mapa del delito de una jurisdicción. Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ambas entidades deben coordinar los planes de patrullaje, bajo el liderazgo de la PNP. En Ayacucho, por ejemplo, ninguna comisaría contaba con ese plan. En Lima, el 40.5% no cuenta con ese documento.

El 84% de policías a nivel nacional requieren de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. De acuerdo al Manual de Patrullaje de la Dirección General de la Policía, los policías deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas. No contar con el equipamiento completo estaría afectando la adecuada prestación del servicio.

El 31% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. El patrullaje es un mecanismo de vigilancia preventiva y disuasiva que puede ser percibido directamente por la población. La Oficina General de Administración (OGA) de cada entidad es responsable del registro, administración y disposición de sus bienes muebles. Se observó esta situación principalmente en Amazonas, Tumbes, Loreto, Lambayeque, Lima y Cajamarca.

El 54% de comisarías no contarían con un mapa gráfico y georeferencial de las medidas de protección remitidas por el Juzgado de Familia, lo que podría afectar la adecuada programación y ejecución de acciones para la protección de las víctimas y denunciantes de violencia familiar, poniendo en riesgo su integridad física. Se observa principalmente en Huancavelica, Áncash y La Libertad.

 En municipalidades:

El 55% de municipalidades a nivel nacional no habrían regulado el serenazgo a través de ordenanzas lo que pondría en riesgo la formalidad de sus acciones y debilitaría la gestión municipal en seguridad ciudadana. En esta situación estarían principalmente Huancavelica, donde ninguna municipalidad tiene regulación, seguido del Callao y Áncash. En Lima, el 41% de comunas estaría en esta situación.

El 28% de los vehículos motorizados que destinan las municipalidades para el patrullaje se encontrarían inoperativos, lo que estaría afectando la cobertura del servicio y debilita la gestión en las jurisdicciones municipales. Por ejemplo, en Piura, el 48% de sus vehículos estarían en esa situación. En Lima, el 35%.

El 54% no contarían con un sistema de videovigilancia en funcionamiento, lo cual afectaría el carácter disuasivo y preventivo en las vías y espacios públicos. En 13 departamentos del país más del 50% de municipalidades no cuentan con un sistema de videovigilancia en funcionamiento.

El 30% de municipalidades a nivel nacional no habría realizado ninguna consulta pública en el primer trimestre 2019, lo cual estaría ocasionando desinformación y limitaría la participación de los ciudadanos en la gestión de la seguridad ciudadana en sus localidades.

Datos

El operativo permitió obtener otros datos relevantes de proyección nacional y departamental, correspondiente al periodo enero-mayo 2019. Los más importantes indican que las comisarías del país contarían en promedio con 01 policía por cada 803 habitantes. A nivel departamental, en La Libertad, Lima y Callao se estima que hay 01 policía por más de 1,000 habitantes.

Asimismo, en cuanto a los vehículos policiales, las comisarías a nivel nacional contarían con 01 patrullero por cada 17,829 ciudadanos. A nivel departamental, en Ucayali, Amazonas y Loreto habría 01 patrullero para más de 40 mil ciudadanos. El déficit de unidades vehiculares se ve afectada por el alto porcentaje de patrulleros inoperativos que a nivel nacional ascendería a 31%.

En cuanto a denuncias por violencia a la mujer o al grupo familiar, se identificó que el 57% de comisarías a nivel nacional no contarían en su jurisdicción con Centros de Emergencia Mujer para brindar orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica a víctimas de violencia familiar y sexual.




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