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Jueves 28 Noviembre 2019
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Debemos acabar con la opacidad en los arbitrajes con el Estado

 

La Contraloría General de la República presentó  un proyecto de Decreto de Urgencia (DU) que establece una serie de medidas que garantizarán una mayor transparencia en las actividades que desarrollan los actores vinculados a procesos de contrataciones con el Estado, mecanismos de solución de controversias y defensa de sus intereses.

Tal como había adelantado el contralor general Nelson Shack en su presentación ante un subgrupo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, esta propuesta nace debido a la problemática ocasionada por la falta de transparencia de los actores vinculados a procesos de contrataciones públicas. “Es necesario transparentar todavía más las actuaciones en la administración pública a la hora de contratar. Debemos acabar con la opacidad en los arbitrajes  con el Estado”, afirmó el Contralor.

La norma considera como actores a los supervisores de obra, procuradores públicos, los árbitros, miembros de tribunales arbitrales, conciliadores, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y Amigable Componedor, abogados contratados para defender los intereses del Estado y procuradores públicos.

En ese sentido, comentó que la falta de regulación de medidas de transparencia en los actores clave genera el riesgo que su actuación cause un perjuicio al Estado, ya que sus decisiones impactan en el destino de los recursos públicos.

“Si bien en la actualidad se han hecho esfuerzos por transparentar los arbitrajes, los mismos resultan insuficientes, razón por la cual ponemos a disposición nuestro Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses ya que es el único Sistema que interopera con más de 20 bases de datos públicas (RENIEC, SUNAT, SUNARP, MIGRACIONES, etc), lo que hace posible una fiscalización efectiva. Este sistema viene siendo aplicado, actualmente, en la Contraloría y en algunos Gobiernos Regionales a quienes hemos cedido su utilización”, señaló el Contralor.

Entre las medidas relacionadas a actores vinculados a la solución de controversias derivadas de contratos con el Estado figura la presentación anual de una Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría General de la República (CGR), la misma que será objeto de ratificación o actualización al momento de asumir  cargo. “Los árbitros, conciliadores, procuradores y demás tendrán la obligación de contestar los pedidos de información que formule la CGR en el marco de una auditoría”, precisó Shack.

Otra obligación será que las entidades que cursen controversias, publiquen información sobre las actuaciones de los sus procesos arbitrales en trámite o concluidos, por ejemplo, laudos arbitrales, actas de conciliación, propuestas de designación, honorarios profesionales o peritajes pagados, entre otras.

Para el objetivo planteado en la propuesta normativa, se propondrá la flexibilización del principio de confidencialidad que actualmente cubre con un manto de opacidad las actuaciones realizadas, cuando en realidad lo que debería probar es el interés público y por tanto la transparencia por tratarse de recursos del estado, explicó el Contralor General.

Supervisores en la mira

Sobre la actuación de los supervisores de obras públicas, la Contraloría plantea crear un Registro de Supervisores de Obra en el ámbito del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con el objetivo de conocer, en tiempo real, las obras sobre las cuales dichos actores realizan su trabajo, entre otros aspectos.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en la propuesta de norma, los supervisores también deberán presentar anualmente su Declaración Jurada de Intereses ante la CGR, la misma que será objeto de ratificación o actualización antes de suscribir un contrato con alguna entidad.

Además será una obligación de los órganos del Sistema Nacional de Control el dar cuenta al OSCE cuando, durante el ejercicio del control simultáneo o concurrente, detecten presuntas infracciones de supervisores de obra o cualquier situación que genere perjuicio a la entidad, a efectos que el supervisor sea inhabilitado temporal o definitivamente.

Los supervisores además tendrán la obligación de contestar pedidos de información de la CGR, bajo sanción de penalidad, establecidas para tal efecto en su contrato de supervisión; y deberán asumir responsabilidad solidaria por la calidad de las obras que supervisan, así como por el valor y modificaciones a los montos de la misma.

Control de garantías

La propuesta de DU plantea también crear el Registro de Control de Garantías en Contrataciones Públicas en el ámbito de la CGR, el cual debe contar, como mínimo, con el listado de todas las empresas autorizadas por la SBS a emitir garantías, la relación de ejecutivos autorizados a suscribirlas, y cada carta fianza emitida por las empresas autorizadas; asimismo, se dispone la obligatoriedad de su consulta por parte de los funcionarios de las entidades públicas, con la finalidad de evitar que sean engañados y, por ende, generen un perjuicio económico a la entidad.




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