En Loreto no se atendieron 55 denuncias contra docentes por delitos contra la libertad sexual
La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de 28 ex funcionarios y servidores de las Unidades de Gestión Educativa Locales de Mariscal Ramón Castilla, Loreto y Requena, en la región Loreto, por no atender oportunamente 55 denuncias contra docentes por delitos contra la libertad sexual, que afectaron a escolares de nivel primaria y secundaria de diversas instituciones educativas durante los años 2016 al 2018.
El informe de una Auditoria de Cumplimiento señala que la omisión de los ex funcionarios y servidores frente a las denuncias por violación sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos en la UGEL de Mariscal Ramon Castilla (23 casos), UGEL de Loreto (21 casos) y UGEL de Requena (11 casos) impidió que los casos sean comunicados oportunamente al Ministerio Público y al Órgano de Control Institucional. Además, hasta el 2018, los maestros denunciados continuaron enseñando en los colegios, ya que tampoco se dispuso su separación preventiva conforme lo establece el Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
Se evidenció igualmente que no se iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios contra los docentes denunciados a fin de determinar la sanción o inhabilitación que correspondía, situación que conllevó a que los plazos legales se encuentren vencidos, transgrediendo el Reglamento de la Ley N° 27942, que regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual.
Asimismo, no se adoptaron las acciones concernientes para la implementación del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes - SIMEX, para el registro de las denuncias desde el inicio hasta su culminación, tal como lo dispone la Resolución Ministerial N° 308-2014-MINEDU, permitiendo que no se ejerza la acción penal correspondiente.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría, para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, contra los 28 ex funcionarios y servidores involucrados.
El documento fue notificado al Gobierno Regional y será comunicado al Ministerio de Educación como órgano rector de las políticas educativas nacionales para que tome conocimiento de las acciones que corresponden de acuerdo a sus competencias y atribuciones.
A la Dirección Regional de Educación Loreto, se le recomendó impulsar mecanismos de información, sensibilización, concientización y formación de los escolares, padres de familia y docentes en temas relacionados a salvaguardar la seguridad e integridad de los educandos en situaciones de amenaza a su integridad e indemnización sexual.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.