Fiscalía de la Nación refuerzan los equipos para garantizar la legalidad y los derechos de la ciudadanía en la marcha civica
La Fiscalía de la Nación, en el marco de sus funciones y atribuciones constitucionales, reforzó los equipos de fiscales en las especialidades penal, familia y prevención del delito destinados a garantizar la legalidad y los derechos de la ciudadanía, en el marco de la convocatoria a una nueva marcha descentralizada en diversos distritos de Lima para hoy, 14 de noviembre.
La decisión fue adoptada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, y contempla la activación del Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Lima, que brindará información actualizada de los acontecimientos e incidencias para la toma de decisiones, así como la vigilancia permanente de los fiscales de turno para que actúen conforme a sus atribuciones.
De esta forma, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, a cargo de la fiscal superior Aurora Castillo Fuerman, informó que, en el marco de las disposiciones de la Fiscalía de la Nación, los fiscales se encuentran presentes las 24 horas en las comisarías de Monserrat, Alfonso Ugarte, Cotabambas, San Andrés y en la sede de la DEPINCRI del Cercado, para garantizar la legalidad y los derechos de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones que se vienen produciendo en los últimos días.
La presencia de los fiscales en las dependencias policiales garantiza el monitoreo permanente y la comunicación constante con los fiscales penales de turno de la 55a Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal provincial Juana Gladys Meza Peña; y de los fiscales de familia de turno de la 10 a Fiscalía Provincial de Familia de Lima, a cargo de la fiscal adjunta provincial, Cary Evelyn Rocca Guzmán, quienes dirigen la investigación y toman las disposiciones que corresponda durante el turno fiscal respectivo.
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, a cargo del fiscal superior Armando Ortiz Zapata, dirigió el trabajo de equipos de fiscales especializados que intervinieron en los puntos principales de concentración anunciados en redes sociales en 12 distritos de Lima.
La fiscal provincial, María Ysabel Rabines Briceño, de la Segunda Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Lima, organizó tres equipos de trabajo integrados por fiscales adjuntos especializados y de fiscales adjuntos penales que intervinieron en forma simultánea en seis puntos de concentración; además de la coordinación con los altos mandos policiales de la Unidad de Servicios Especiales y de la Sétima Región Policial Lima, a cargo de los puntos de concentración donde se realizó la marcha.
Los equipos fueron integrados por las fiscales adjuntas Esther Saldaña Lázaro, Giuliana La Madrid Ruiz Cornejo, Jannet Soto Yepez, Heidy Pejerrey Benites, Gina Reyes Mesías y Karina Usaqui Barbarán y estuvieron presentes en las concentraciones de Surco, Miraflores, San Borja, Lince, Jesús María y la Plaza San Martín.
A su vez, el fiscal provincial, Arturo Eddy Rosales Criollo, de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte, informó que las fiscales adjuntas Nelida Torres Sánchez y Ruth Zubieta Quineche, tuvieron a su cargo los puntos de Los Olivos y Comas, respectivamente. Mientras que el fiscal provincial, Ricardo Giovanni Campos Tello, de la Fiscalía Provincial Transitoria de Prevención del Delito de San Juan de Lurigancho- Zona Media, llevó a cabo la diligencia en La Molina; y el fiscal provincial Renzo Rodas Vela, de la Fiscalía Provincial Transitoria de Prevención del Delito de San Juan de Lurigancho-Zona Alta, estuvo presente en Chosica.
Estas actuaciones funcionales de prevención tuvieron el objetivo de preservar el respeto al ejercicio del derecho constitucional a la protesta, dentro de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 0009-2018-PI/TC y a exhortar a los participantes a evitar desbordes de violencia u otras acciones de posible contenido ilícito penal.
Además, los fiscales invocaron a los representantes de la Policía Nacional a preservar el orden público y a respetar los derechos fundamentales de las personas que participan en las movilizaciones cívicas.
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