Gobernador de Piura se enfrenta al Consejo Regional.

El gobernador regional de Piura, Servando García Correa abrió un nuevo capítulo de enfrentamiento con el Consejo Regional al designar como secretario técnico de la Oficina Regional Anticorrupción al mismo funcionario que fue retirado de este cargo por los consejeros.

Semanas atrás, el Consejo sesionó y le retiró la confianza al secretario técnico José Martínez Gómez debido a cuestionamientos a su labor al frente de la dependencia encargada de investigar las denuncias de corrupción en las diferentes entidades del Gobierno Regional.

Sin embargo, en un giro imprevisto, el gobernador decidió mantenerlo en el cargo. “Nos causa sorpresa y preocupación porque el gobernador desconoce cuales son las facultades del Consejo Regional”, expresó el consejero regional, Alfonso Llanos Flores.

Recordó que en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional se establece que el cargo de secretario técnico de la Oficina Anticorrupción es designado por el gobernador, pero a propuesta del Consejo Regional.

“La quincena del mes de junio se le quitó la confianza y en consecuencia el Consejo Regional desconocía a este señor Martínez Gómez. Estamos convencidos que es un tema de abuso y de enfrentamiento del gobernador al Consejo Regional”, expresó.

Para el consejero, con estos actos el gobernador regional de Piura les demuestra una “situación racional inestable” para ejercer el cargo.

“A una persona que tiene la madurez racional no puede asumir posiciones ambivalentes. El gobernador no puede tomar posiciones que no son de su competencia”, comentó Llanos.

Este enfrentamiento ocurre cuando se acerca el día de la audiencia para resolver el recurso de vacancia que se ha presentado contra el gobernador Servando García por una presunta incapacidad mental para ejercer el cargo de gobernador.

Es preciso señalar que en la anterior gestión se implementó la Oficina Regional Anticorrupción para sumar un organismo más en la lucha contra las irregularidades de los funcionarios.

Gracias a esta oficina se iniciaron investigaciones que permitieron descubrir casos como el ilegal desvío de fondos de las Unidades de Gestión Educativa Local a través de las cuentas de los docentes.