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Miércoles 24 Abril 2019
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Gremios de transportistas desaprueban gestión alcalde provincial de Chiclayo

 REDACCION/12ABRIL19

REDACCION/12ABRIL19

 

A poco más de tres meses de haberse iniciado la gestión del alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, los gremios de taxistas y mototaxistas alzan su voz de protesta frente a lo que consideran un deficiente manejo de la problemática del transporte, cuya solución – señalan – pasa por colocar a los funcionarios idóneos en el cargo y mantener diálogo constante con los involucrados.

El presidente de la Central de Empresas y Operadores de Taxis de Lambayeque, Juan Vásquez García, señala que en su gremio se encuentran desilusionados de los funcionarios que Gasco Arrobas ha colocado para gestionar la problemática del transporte, toda vez que no los consideran idóneos ni calificados.

“Ya cambiaron a un gerente que apenas duró un mes y ahora han puesto en su lugar a un ingeniero agrónomo, mientras que en la Subgerencia de Transportes está un oficial de la policía en retiro que desde allí no avizora lo que significa realmente el problema del transporte. En estas áreas deben estar personas que conozcan bien del tema, porque aquí nacen los problemas administrativos, la documentación para que los carros circulen, los operativos, etc.”, sostiene.

Los funcionarios a los que hace referencia Vásquez García son el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Segundo Soraluz Piñella, y el subgerente de Transporte, Julio Armas Alcalde.

Añade que el jefe del departamento de Asesoría Jurídica de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, Jimmy Augusto Hoyos Quiroz, no un abogado colegiado, toda vez que solo ostenta el grado de bachiller. “Por eso es que no se resuelven los problemas legales en la gerencia, porque el señor no puede firmar un informe u obligar a un abogado titulado a que lo firme por él”, asevera.

Al respecto, comenta que en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes hay “cerros de expedientes” a los que no se les da el trámite correspondiente, perjudicando a los transportistas de su gremio y otros que sufren la persecución de los inspectores por trámites administrativos que no se resuelven a tiempo en la gerencia mencionada.

Por otro lado, Vásquez García señala que como gremio han planteado diversas alternativas de solución para descongestionar el tránsito vehicular, pero estas han quedado solo en el papel.

Una de ellas pasa por establecer un depósito oficial de vehículos, pues actualmente los vehículos decomisados van a parar a las comisarías, en el caso de las mototaxis, o al terminal EPSEL, donde son llevadas las camionetas rurales del sector interurbano.

Refiere que para descongestionar las principales vías del centro de Chiclayo han planteado la contratación de cuatro grúas que puedan retirar a los vehículos privados que ocupan ilegalmente las calles que deberían ser de dos carriles, pero terminan siendo de uno solo por los estacionamientos ilegales. Sin embargo, señala que para esto es necesario tener el depósito oficial.

Asimismo, manifiesta que han planteado la emisión de una ordenanza que declare rutas saturadas en las cuales ya no se puedan otorgar más permisos para que transportistas brinden el servicio público.

Comenta que propusieron un censo vehicular para saber a ciencia cierta cuántos vehículos formales existen en Chiclayo brindando el servicio público, pues las cifras que tienen actualmente son solo estimaciones. Afirma que, según los datos que manejan, hay un promedio de 12 mil 500 taxis formales y alrededor de 21 mil 500 informales, lo que da un total de 34 mil vehículos ofreciendo el servicio.

“Con una data exacta de cuántos vehículos circulan por expediente de sustitución y baja, o de renovación de vehículos, la municipalidad podría implementar una plataforma para regular el transporte”, sostiene.

Respecto a los vehículos informales, Vásquez García refiere que no tienen reparos en que se aplique mano dura con ellos, pues afirma que todos deben pagar sus impuestos. “Con que se les aplique tres Unidades Impositivas Tributarias a los informales no les va a quedar ganas de seguir prestando el servicio”, señala.

Comenta también que el cuerpo de inspectores que ha contratado la municipalidad no cuenta con una resolución de autorización para aplicar papeletas o levantar actas de control.

De igual forma, advierte que ni los regidores oficialistas ni los de oposición tienen planes acertados en materia de transporte para evitar que el alcalde cometa error tras error como lo viene haciendo.

“Lo regidores no pueden declarar en emergencia el transporte como lo hicieron con la basura, tampoco pueden presentar alternativas de solución sin antes preparar informes legales. Ellos deben hacer una fiscalización férrea para que los pocos recursos que ingresan a la municipalidad sean bien invertidos”, garantiza.

Sobre la renovación del parque automotor, señala que la municipalidad simplemente debe adecuarse al Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, el cual otorgaba un plazo de 180 días al ayuntamiento para determinar cuáles eran los carros con más de 20 años de antigüedad y remitir esa data al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que con una resolución ministerial se saquen del mercado a los carros que exceden ese tiempo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Regional de Mototaxistas de Lambayeque, Segundo Valdez Cruz, manifiesta que en estos primeros cien días de  Gasco Arrobas al mando de la gestión edil solo se observa descoordinación e improvisación, pues no se percibe cuadros idóneos ni tampoco un plan de gobierno.

“A estas alturas ya se nos debería estar convocando para el plan regulador de rutas, para el terrapuerto, para el depósito oficial de vehículos, pero nada de eso se está haciendo”, sostiene.

Valdez Cruz manifiesta que durante la campaña electoral el alcalde les ofreció a los mototaxistas modificar la Ordenanza Nº 007-2018-MPCH/A, la cual aprobó una ampliación del cuadrante de restricción de circulación de vehículos automotores menores en un área que se denominó zona rígida, impidiendo a las mototaxis circular por las arterias que contemplaba dicho cuadrante.

“Incluso cuando ya había ganado las elecciones, el alcalde nos convocó a una reunión donde nos aseguró que iba a cumplir con su promesa de campaña, porque consideraba que la ordenanza era lesiva, arbitraria e inviable”, manifiesta.

Sin embargo, el dirigente gremial comenta que lo largo de estos cien días han buscado reunirse con Marcos Gasco y no han podido.

“Nos reunimos con el primer gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Jesús Muñoz Zambrano, pero nos dijo que el camino para modificar esa ordenanza era ir con el alcalde y sus regidores, pues esa era una decisión política, pero hasta ahora Gasco Arrobas no dialoga con nosotros”, asevera.

Valdez Cruz sostiene que esta ordenanza perjudica a los cerca de tres mil mototaxistas formales que se encuentran agrupados en 120 asociaciones que pertenecen al gremio que preside, cuyo interés es que se reconsideren algunas avenidas que están consideradas como zona rígida, tal como ocurre con la Avenida Garcilaso de la Vega.

“Con esta ordenanza las mototaxis ya no podemos llevar a los escolares a sus colegios. No podemos llegar al San José, Santa Magdalena Sofía Barat, Nicolás la Torre García, Miguel Muro Zapata, Nuestra Señora de Fátima, entre otros”, explica.

Por otro lado, afirma que desde la gestión municipal debe emprenderse un proceso de formalización que les permita a los mototaxistas mejorar su calidad de vida y economía, toda vez que ellos ya hacen esfuerzos por organizarse bajo la red de cooperantes y juntas vecinales para combatir a los malos elementos que usan estos vehículos menores para delinquir.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, Luis Guevara Dávila, lamenta también que en tres meses la municipalidad haya tenido dos gerentes de Desarrollo Vial y Transportes, pero espera que en los próximos meses se tomen acciones inmediatas para ordenar la ciudad.

El también gerente de la empresa de transportes “Lugueda” señala que una de esas acciones sería dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, el cual señala que el servicio de transporte público debe ser cubierto por vehículos de categoría M3, lo cual implica que las camionetas rurales (combis) salgan paulatinamente del mercado.

Afirma que actualmente en el servicio de transporte urbano hay alrededor de mil 500 camionetas rurales, las cuales podrían ser cambiadas por 500 buses que ofrezcan una prestación más cómoda y descongestionen el tránsito.




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