Inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica en Perú ha aumentado en 30 veces

 

Entre los años 2013 y 2018, Perú ha incrementado en 30 veces su inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica, principalmente buscando asegurar la disponibilidad de agua en estación seca. Ahora se enfrenta al reto de hacer que esas inversiones sean sostenibles en el tiempo.

Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al estrés hídrico inducido por el cambio climático. La mayoría de su población vive en la costa árida, donde solo se encuentra el 2 por ciento de los recursos hídricos. Las principales ciudades como Lima con frecuencia experimentan sequías e inundaciones extremas. Tierra adentro, los glaciares que se derriten amenazan el suministro de agua para las personas y la agricultura.

La infraestructura natural, por ejemplo, pastizales, humedales y sistemas fluviales, puede ayudar a gestionar los riesgos del agua y el clima. Un estudio reciente encontró que las tecnologías ancestrales como las amunas pueden aumentar el suministro de agua en un 33% durante la estación seca en Lima.

Pero los ecosistemas naturales y los sistemas de agua tradicionales no reciben suficiente inversión y corremos el riesgo de perderlos por la degradación. En 2014, Perú hizo historia mundial cuando aprobó leyes que permiten a las empresas de servicios de agua y otras entidades públicas invertir fondos públicos en infraestructura natural para la seguridad hídrica. Pero hasta ahora, nadie sabía cuánto se está invirtiendo realmente.

Es por ello que Forest Trends, en el marco del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica financiado por USAID y el Gobierno de Canadá, realizó un estudio de caracterización de la inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica, que responde a preguntas como cuánto, quién, para qué y dónde se invierte en este rubro.

De acuerdo con este nuevo estudio, en el 2018, se han invertido S/ 21,3 millones en infraestructura natural para la seguridad hídrica, de los cuales más del 90% proviene del Estado, a través de los proyectos de inversión pública, que son iniciativas de mediana duración con impactos focalizados, siendo que los Gobiernos subnacionales son los que invierten más con cerca de S/ 18,5 millones.

Asimismo, se ha apreciado un ‘boom’ de inversiones a partir del año 2013, habiendo incrementado la inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica en 30 veces, liderando el sector ambiente, pero incorporándose en los últimos años el sector agropecuario, el sector saneamiento y las empresas prestadoras del servicio de agua potable.

 “A pesar de esta bonanza en la inversión, esta investigación ha identificado que existe una brecha creciente entre los fondos asignados por el Estado para estos fines y los fondos que efectivamente fueron ejecutados. Por ejemplo, en el 2018 sólo se ejecutaron el 55% de los montos asignados, lo cual habla claramente de la eficiencia del gasto”, señaló Lucas Benites, Líder de temas transversales de Forest Trends.

“La diferencia entre asignación y ejecución se va a seguir dando debido a que, al ser un tema relativamente nuevo, faltan especialistas para implementar los proyectos”, dijo Jessica Armas, Especialista en Inversión en el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, de la organización no-gubernamental CONDESAN.

“Necesitamos desarrollar capacidades de ejecución de este tipo de proyectos. Todo esto es nuevo, es importante ponerlo en guías técnicas que ayuden a implementar estas medidas, reconociendo que no son las mismas medidas para todo el Perú, dependen de los ecosistemas, de las poblaciones involucradas” señaló

Ursula Fernández Baca, asesora principal en Biodiversidad, Cooperación Alemana, durante la presentación del estudio.

Otro de los temas importantes, fue el encontrar que desde que se identifica la necesidad y se escribe el primer documento con la idea formal de un proyecto hasta la ejecución en campo del mismo, demora en promedio 4 años y medio, perdiendo muchas veces el principio de oportunidad, para brindar el servicio para el que fue diseñado en su momento. Por ejemplo, un ecosistema frágil como un bofedal, puede perderse por completo por extracción ilegal de champa en menos de 3 años.

Otro hallazgo ha sido que a pesar de contar con numerosos indicios de los beneficios de las intervenciones, no se tiene estandarizado el cálculo de los beneficios y beneficiarios, por lo que ambos fluctúan entre proyectos, haciendo casi imposible implementar monitoreo y evaluación que, por un lado, permitan efectuar los cambios adecuados para mejorar la eficiencia de los proyectos y, por otro, brinde la evidencia de los resultados de dichas intervenciones.

Uno de los temas más saltantes fue la inexistente mención a la participación de las mujeres en los proyectos evaluados, siendo que las mujeres poseen diferentes percepciones de las necesidades que estos servicios deben cumplir.

“Debemos tener en cuenta las brechas de género al momento de crear un proyecto. Por ejemplo: los jefes de comunidades, generalmente hombres, van a priorizar el riego, pero las mujeres, los pastizales, ambos enfoques válidos, pero muy distintos”  Luis Acosta, SUNASS.

Finalmente, la descripción de los proyectos no sugiere una consideración clara acerca de la sostenibilidad en el tiempo, de la inversión en INSH, analizada desde los ejes de institucionalidad, ambiental, financiero, social, tecnológico y de monitoreo.

 "Si bien hay un porcentaje pequeño de ejecución de proyectos, debemos asegurarnos de que éstos sean sostenibles, que se mantengan en el tiempo y eso solo se logra de la mano con la comunidad."

concluyó Fernández Baca.