Ministra de Justicia presenta el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en diversas regiones

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, inició un programa de presentaciones del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en las regiones del país, con el objetivo de recoger aportes y promover el debate entre representantes del empresariado y la sociedad civil para la etapa final de elaboración de este documento que impulsa su sector.
Una primera exposición tuvo lugar en Chiclayo, la semana pasada, con el máximo representante de la Cámara de Comercio de esa región. La segunda se realizó en Junín, con empresarios del sector turismo, en tanto esta semana, la ministra hizo una presentación en la Cámara de Comercio de Piura y, mañana jueves, hará lo propio en la ciudad del Cusco.
La ministra remarcó que el documento estará dirigido a las pequeñas empresas y principalmente a las que operan en la informalidad. Enfatizó que las reuniones en las regiones buscan involucrar a los empresarios y sociedad civil en este esfuerzo.
El Plan es un instrumento estratégico multisectorial de políticas públicas que expresa la voluntad y el compromiso del Estado peruano de proteger los derechos humanos y forjar vínculos con las empresas públicas y privadas para adecuar su actividad a los estándares contemplados en los principios rectores de Naciones Unidas sobre esta materia.
Esta herramienta tiene como base el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021. Su proceso de elaboración es participativo e inclusivo, compromete al Estado, empresas públicas y privadas, formales y también informales, y a diferentes sectores sociales y económicos. Asimismo, es descentralizado y cuenta con el apoyo técnico de organismos internacionales como la OIT, el ACNUDH y otras agencias de cooperación.
La ministra explicó que es importante que el país cuente con este Plan debido a que, pese al crecimiento económico de las últimas décadas, aún subsisten dificultades para enfrentar con decisión la pobreza, la productividad y las desigualdades territoriales e infraestructuras deficientes; todo ello acentuado por una economía informal y la corrupción. Refirió además que, en el marco del Bicentenario de la Independencia, el Plan forjará compromisos entre Estado, empresa y sociedad para armonizar el desarrollo económico con el fortalecimiento del respeto de los DDHH, favoreciendo la incorporación del Perú a la OCDE.
El documento contribuirá a que las empresas maximicen sus aportes positivos a la sociedad, protejan su reputación y puedan crear más valor. Asimismo, a la reducción de costos, la creación de una cultura de cumplimiento y a reducir los riesgos de conflictividad social. También permitirá optimizar su productividad, puesto que el respeto de los derechos humanos mejora la calidad del trabajo, y a que ese mismo respeto se cumpla en la cadena de suministro, generando un impacto similar en la micro, pequeña y mediana empresa.
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