Penal de Piura exRío Seco al borde del colapso


Con una población carcelaria de más de 4 mil internos, el penal Piura (exRío Seco) está al borde del colapso debido a deficiencias en su infraestructura y problemas de salud pública.
Así lo reporta la Defensoría del Pueblo luego de una inspección al establecimiento penitenciario en la cual se verificó hacinamiento, consumo de agua no potable, colapso de las redes de alcantarillado y la falta de un médico permanente.
Sobre el primer punto, es preciso señalar que el penal exRío Seco tiene una población oficial de 4 mil 070 internos a pesar que se le diseñó para albergar a menos de 1.100 personas.
Debido a este motivo, en algunos pabellones de reos comunes es común encontrar que, en una celda acondicionada para ocho personas, en realidad conviven hasta 20 reclusos.
Si este nivel de hacinamiento no es suficiente, los reos también deben convivir con el colapso permanente de las redes de alcantarillado tanto al interior como al exterior del recinto, lo cual genera olores pestilentes.
Sobre el agua de consumo, la comisión de la Defensoría detectó que la población de reclusos bebe el recurso de un pozo subterráneo que solo entrega agua turbia, y que debido a este motivo, no se le puede aplicar cloro.
“Estos hallazgos ponen en riesgo y vulneran los derechos de los internos a la salud, a un ambiente sano y equilibrado, a una alimentación adecuada, seguridad y salubridad. Puesto que estos ciudadanos, si bien se encuentran recluidos, purgando una condena o una prisión preventiva, ello no les restringe otros derechos”, explicó el jefe de la oficina de la Defensoría en Piura, César Orrego Azula.
De otro lado, la salud de los reclusos también está en riesgo porque desde el mes de junio no cuentan con un médico permanente en el establecimiento.
Orrego sostiene que debido a este problema habría riesgo con los pacientes con diagnóstico de VIH así como con las internos con cuadros de tuberculosis.
“Las personas con VIH y TBC tienen determinados controles y medicación que se debe realizar. Nos dicen que una persona de Laboratorio [del tópico] hace coordinaciones con el centro de salud de Chapairá para que hagan los controles y se suministre el medicamento”, sostuvo Orrego quien demandó atención urgente al problema.
La falta de un médico también complica la evacuación de los presos hacia los hospitales para una atención especializada, en vista que no está el profesional que debe hacer la evaluación y autorizar la salida.
“Para la Defensoría del Pueblo, dichas limitaciones vulneran el derecho a la salud de los internos y contravienen el artículo 77° del Código de Ejecución Penal que señala que todo establecimiento penitenciario debe tener un servicio médico básico”, expuso.
A este gran listado de problemas, se le debe añadir problemas con el manejo de los alimentos que consumen los prisioneros.
Al respecto se pronunció el personal de la Dirección Regional de Salud Piura (Diresa) que también acompañó a la comisión de la Defensoría e hizo 21observaciones respecto al almacenamiento y manejo de los alimentos. Asimismo, se encontró embutidos vencidos y la presencia de vectores.
Orrego refirió que todos los hallazgos serán enviados a la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Chiclayo, para que se tomen los correctivos del caso.
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